En España parece que se salta de ocurrencia en ocurrencia. Cada comunidad autónoma decide por su cuenta la financiación sanitaria o educativa, replicando pruebas de ensayo-error sin coordinación.
Tren descarrilando
En España, es una obviedad: todos percibimos que tenemos un modelo de decisión pública reactivo y mediático, donde todo se convierte en una suerte de promesas electorales rimbombantes que eclipsan la posibilidad de una planificación más o menos rigurosa de la acción pública. Para comprobarlo no hay más que observar cualquier debate parlamentario, sea nacional o autonómico.
Estamos muy lejos de seguir un “ciclo integral” —diseño, presupuestación, ejecución y evaluación—; muchas medidas parecen responder a intereses partidistas o corporativos. Como señalaba Max Weber sobre la “democracia plebiscitaria”, en campaña los electores valoran “que el efecto demagógico de la persona del líder gane votos” antes que el contenido de las políticas. Esta orientación desemboca en discontinuidad y fragmentación: la elocuencia vende una imagen de gestión activa, pero pocas veces se traduce en resultados concretos y sostenibles.
En la práctica, la improvisación resulta evidente en áreas cruciales. Por ejemplo, la vivienda —tema central según las encuestas del CIS— acumula promesas incumplidas y diseños confusos. Aunque el PSOE y Sumar anunciaron un “parque público de vivienda” para reforzar el alquiler asequible, se trata más de titulares que de planes integrales. Estas propuestas surgen a última hora electoral, no son fruto de un estudio reposado que indique cómo se va a ejecutar lo propuesto. Por su parte, PP y Vox centran su discurso en derogar leyes vigentes. La vivienda termina así convirtiéndose en “arma electoral” para unos y otros. No se basa en diagnósticos fiables ni en planificación a largo plazo que puedan aportar seguridad a la incertidumbre de los ciudadanos.
Un fenómeno similar se observa en la sanidad pública. España afronta una crónica escasez de médicos y enfermeras, atribuida no tanto a falta de talento como a “condiciones laborales precarias” y a la ausencia de previsión. El informe SESPAS 2024 subraya que los problemas de recursos humanos en salud requieren “perspectiva de largo plazo, promoviendo pactos en los parlamentos y consenso político para buscar soluciones a todos estos desafíos”. Sin una estrategia integrada de personal, los parches coyunturales no resuelven las necesidades reales: se contrata personal eventual o se recurre a planes urgentes que desaparecen con el siguiente gobierno. Esto agrava las desigualdades territoriales y deja la calidad del sistema sanitario al albur del vaivén político.
En la educación universitaria, el contraste es aún más claro. La “infrafinanciación crónica” del sistema universitario español ha sido denunciada por estudiantes y expertos. La CREUP advierte que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) está “sin cumplirse” y que las universidades sufren un “modelo de financiación insuficiente y desigual”. España dedica hoy apenas el 0,7–0,8 % del PIB a la enseñanza superior, frente a porcentajes mucho más altos en países como Dinamarca o Suecia. Esa falta de compromiso presupuestario no solo limita la calidad docente, sino que “ahonda las desigualdades” entre territorios y favorece la dependencia del sector privado en la formación universitaria. En otras palabras, las políticas educativas españolas, sujetas a altibajos presupuestarios y a juegos políticos, no garantizan ni equidad de acceso ni una enseñanza pública sólida ni una investigación sostenida.
En conjunto, estos casos —y habría muchos más— muestran la carencia de un modelo coherente de gobernanza integrada. Se toman decisiones no solo sectoriales, sino aisladas de otras políticas públicas que, aunque paralelas, interactúan en la vida social. Además, no hay armonía entre los niveles de gobierno (europeo, nacional, autonómico, local), ni seguimiento ni evaluación rigurosos. La evaluación de impacto —el uso de estudios estadísticos, seguimiento y ajuste posterior— es casi anecdótica. En España, como destaca un análisis reciente de Funcas, aún “persisten desafíos significativos que limitan el alcance y el impacto real de las evaluaciones en la toma de decisiones”. En efecto, las pocas evaluaciones oficiales suelen quedarse en trámites formales, centradas en resultados presupuestarios inmediatos o en cumplimientos legales, sin abordar si las políticas producen un beneficio social real. El propio informe subraya que la evaluación debe servir “para tomar decisiones informadas y mejorar el diseño y los resultados de las políticas públicas”. Lamentablemente, en la práctica española la evaluación sigue siendo marginal: raramente orienta correcciones de rumbo ni redistribuye fondos hacia programas más eficaces.
Gobernanza integrada
Para salir de este bucle es urgente adoptar un enfoque sistémico. La investigación en administración pública aboga por ciclos completos de política: formulación basada en evidencia, presupuestos vinculados a objetivos, ejecución transparente y evaluación independiente. Los informes europeos lo confirman. La OCDE advierte que la “captura” de las políticas por intereses estrechos genera asignaciones ineficientes y exacerba desigualdades. De hecho, señala que la influencia indebida en áreas como la salud o la educación “puede contribuir aún más al círculo vicioso de la desigualdad”. Para contrarrestarlo, recomienda prácticas como el acceso a información completa, la rendición de cuentas por parte de agencias reguladoras y la necesidad de nivelar el terreno de juego entre actores. En resumen, las decisiones deben planificarse con base en datos, no en intereses parciales.
Se requieren acciones muy obvias: vincular la presupuestación a resultados mesurables (por ejemplo, financiar programas solo si demuestran impacto social); incorporar evaluación ex ante antes de aprobar cualquier plan, asegurando que las intervenciones partan de diagnósticos rigurosos (datos estadísticos, estudios piloto, análisis coste-beneficio); establecer rendición de cuentas independiente (organismos como la AIReF deben evaluar políticas sin intromisiones partidistas); y promover una transparencia total junto con participación ciudadana real, de modo que los procesos no estén dominados por lobbies empresariales.
Estos principios, enunciados en la doctrina de la gobernanza global, contrastan con la práctica política en España, que gira en torno a dos fases inescindibles: acción y control (gobierno versus oposición). Como recuerdan las instituciones europeas, la identidad política de la UE se basa en “los valores indivisibles de la dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad”, y sitúa “a la persona en el centro de su actuación”. Es decir, la acción pública debe orientarse al bienestar de las personas, no a la consecución de beneficios privados. Pero hoy esa aspiración choca con la realidad de decisiones contaminadas por intereses empresariales o por recortes sin análisis previo.
En España parece que se salta de ocurrencia en ocurrencia. Cada comunidad autónoma decide por su cuenta la financiación sanitaria o educativa, replicando pruebas de ensayo-error sin coordinación. En lugar de orientarse a evaluaciones rigurosas, a menudo se prefieren medidas inmediatas que generen un titular electoral, aunque se desconozca su eficacia real.
Nuestras estructuras administrativas y normativas no garantizan una evaluación auténtica ni el uso sistemático de datos. La gobernanza es reactiva y política, en lugar de documentada y transparente.
Por todo ello, en España urge retomar la racionalidad de lo público: implementar políticas con visión de largo plazo, con evaluaciones de impacto y un presupuesto coherente y no eternamente prorrogado. De lo contrario, seguiremos atrapados en un bucle de promesas incumplidas y desigualdades crecientes, con una aparente ilusión de cumplimiento de los objetivos y de las expectativas ciudadanas.
Gobernar para las personas, no para las encuestas ni para los intereses privados de unos u otros. Si nos decimos europeos y europeístas, debemos recordar que la propia Unión Europea, en su Carta de Derechos, establece que una política moderna debe situar “a la persona en el centro de su actuación”. Ello solo será posible si las políticas públicas se basan en evidencia, evaluación rigurosa y un compromiso real con la equidad y la integridad institucional.
La alternativa es seguir repitiendo viejos errores: prometer un futuro brillante sin mapa ni brújula, hasta que el ciclo electoral nos devuelva a la casilla de salida.
“Nada se parece tanto a la injusticia como una política sin memoria ni método.” — Marguerite Yourcenar
