ALVARO FRUTOS ROSADO
Hay ideas que nacen para pensar un país y otras que nacen para colocarlo en una de las múltiples tertulias donde ya cabe de todo. La llamada “España plurinacional” pertenece, sin duda, a esta segunda familia: no es, ni mucho menos, una idea para renovar la arquitectura constitucional, sino, como mucho, una contraseña política con pretensiones electorales; no es una teoría del Estado, sino, nuevamente, una palabra de paso para atravesar pactos, investiduras y construir relatos.
Iván Redondo la ha convertido en uno de los ejes de su reaparición pública, modelo rockstar con resabios de tamborrada, en entrevistas recientes. Ha defendido una reforma constitucional plurinacional, ha hablado de España como “nación de naciones” y ha llegado a presentar esa idea como el gran proyecto de los próximos veinte años. ¡Toma! En La Vanguardia ya había escrito que el “liderazgo plurinacional” permitiría avanzar hacia una federalización “imparable” del Estado; en El Español afirmó que Cataluña, Euskadi y Galicia son nación, que Andalucía sería “la nación del sur” y que el Estado autonómico “está muriendo”. Entre gurús y visionarios.
El problema es que España no necesita más fórmulas brillantes, sino más claridad y respeto institucional. La Constitución de 1978 no fue un apaño menor ni una ocurrencia de época. Fue un pacto histórico que reconoció la autonomía de las nacionalidades y regiones, pero sobre una base inequívoca: “La unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Ese artículo 2 no es una frase decorativa. Es la llave de bóveda del sistema: unidad política, autonomía territorial y solidaridad entre territorios; nada de plurinacionalidad y financiación singular.
La plurinacionalidad introduce una ambigüedad peligrosa. Si se habla de nación en sentido cultural, España ya ha reconocido ampliamente su pluralidad lingüística, histórica y territorial. Si se habla de nación en sentido jurídico-político, entonces se está insinuando una pluralidad de sujetos soberanos. Y ahí empieza el problema. Porque un Estado democrático puede descentralizar competencias, reconocer identidades, proteger lenguas, distribuir poder y corregir agravios; lo que no puede hacer, sin alterar su naturaleza, es multiplicar los titulares de la soberanía mientras pretende mantener intacta la igualdad ciudadana.
Históricamente, España no es una nación simple, ni cultural ni jurídicamente. Es un Estado complejo, como lo ha categorizado el Tribunal Constitucional, pero en ningún caso una mera agregación voluntaria de pueblos que esperan renegociar en cada generación su pertenencia. España es una construcción histórica compleja, conflictiva, plural y antigua, como casi todas las naciones europeas. Su unidad no niega la diversidad catalana, vasca, gallega, andaluza o castellana; la contiene políticamente. Confundir pluralidad histórica con plurinacionalidad constituyente es pasar de la cultura al poder, de la memoria al reparto de soberanía, de la convivencia a la subasta permanente por mor de una suma electoral.
Jurídicamente, la plurinacionalidad es un campo minado. ¿Cuántas naciones habría? ¿Quién las define? ¿Una nueva Constitución? ¿Un estatuto? ¿Una mayoría coyuntural? ¿Una identidad percibida, aleatoria según el interés dominante? ¿Una lengua? ¿Un agravio histórico? ¿Una élite política territorial insatisfecha? ¿Y qué derechos tendría cada “nación” reconocida? ¿Financiación singular? ¿Bilateralidad obligatoria? ¿Derecho a consulta? ¿Capacidad de veto? ¿Una nación, un privilegio?
La palabra parece amable, pero arrastra consecuencias durísimas: rompe la idea de ciudadanía común y convierte el Estado en una mesa de negociación entre territorios desiguales. Y la política, entonces, deja de ser un espacio de convivencia para transformarse en conflicto permanente al servicio de una urgencia electoral.
Desde el punto de vista económico, además, la plurinacionalidad suele venir acompañada de una tentación confederal: cada territorio rico mira su balanza fiscal como si fuera una factura de hotel. Esa lógica es profundamente antidemocrática y antisocialdemócrata. La socialdemocracia nació para corregir desigualdades entre clases, personas y territorios, no para convertir la solidaridad interterritorial en una molestia contable. El Partido Socialista Europeo sitúa entre sus valores la democracia, la igualdad, la paz, la justicia y la solidaridad; el SPD alemán, en su Programa de Hamburgo, vincula la socialdemocracia a la justicia social, al Estado social preventivo y a los derechos básicos garantizados para todos. No hay ahí una invitación a trocear la ciudadanía en soberanías emocionales, sino a fortalecer instituciones comunes capaces de redistribuir, integrar y proteger.
También desde la demoscopia conviene rebajar la épica. En Cataluña, el independentismo ha perdido centralidad social: el CEO situó en 2025 el apoyo a la independencia por debajo del 40%, con una mayoría contraria, mientras crecían preocupaciones materiales como la vivienda, la inmigración o la insatisfacción política. En Euskadi, el Sociómetro Vasco de febrero de 2025 recogía solo un 21% favorable a la independencia, un 33% condicionado al contexto y una parte relevante contraria. Es decir: allí donde se invoca la plurinacionalidad como destino inevitable, la ciudadanía parece bastante más ocupada en vivir, trabajar, pagar alquileres y sostener servicios públicos que en reabrir solemnemente el problema constituyente.
La izquierda debería tener cuidado. Una cosa es defender el federalismo cooperativo, la mejora del Senado, la financiación autonómica justa, la protección de las lenguas cooficiales y el reconocimiento de la diversidad española. Otra muy distinta es aceptar que la nación común es un estorbo sentimental de la derecha. La nación democrática ha sido, para la socialdemocracia europea, el espacio donde se construyeron el sufragio universal, la escuela pública, la sanidad, las pensiones, la negociación colectiva y la ciudadanía social. Sin Estado común no hay redistribución fuerte; sin ciudadanía común no hay igualdad robusta; sin demos compartido no hay democracia social, sino diplomacia territorial.
Por eso resulta tan irritante que estas cuestiones se traten a veces como productos de consultoría. Hay una política pensada por militantes, juristas, historiadores, sindicalistas, servidores públicos y ciudadanos con memoria. Y hay otra política diseñada por especialistas en marketing que creen que una nación es un target, una Constitución un reposicionamiento de marca y una crisis territorial una oportunidad narrativa. La política democrática no puede quedar en manos de quienes confunden estrategia con pensamiento. Saber ganar una campaña no equivale, en ningún caso, a saber fundar un país.
España necesita reformas, sin duda. El Estado autonómico requiere actualización, coordinación, financiación clara, lealtad institucional y mecanismos federales de cooperación. Pero no necesita una liturgia plurinacional que abra más preguntas de las que resuelve. No necesita cambiar la vieja solidaridad imperfecta por una competición de identidades agraviadas. No necesita convertir cada singularidad en un derecho de caja. No necesita que la izquierda abandone su mejor tradición —igualdad, ciudadanía, trabajo, Estado social— para abrazar una poética territorial que suele terminar beneficiando a las élites locales y confundiendo a las clases populares.
La pluralidad española es real, fecunda y digna de respeto. La plurinacionalidad, en cambio, puede convertirse en un artificio peligroso: promete convivencia, pero puede institucionalizar la sospecha; promete reconocimiento, pero puede multiplicar privilegios; promete modernidad, pero revive viejos particularismos; promete progresismo, pero debilita el suelo común sobre el que la izquierda pudo construir derechos.
El país no necesita ser refundado cada vez que un consultor descubre una palabra grande con la que facturar y un político una urgencia electoral. Necesita ser gobernado con justicia, cohesión y seriedad. Porque España no se rompe solo cuando la niegan sus enemigos. También se agrieta cuando sus supuestos reformadores la reducen a un laboratorio de relato.
