Editorial de Ladiscrepancia
LaDiscrepancia.com es un proyecto bastante utópico, eso le convierte en ilusionante, cuya pretensión es que a través de algo tan inocuo como el tráfico de ideas y de criterios poder ayudar a generar ideas plurales pero fundamentadas en sus lectores. Ya saben que la utopía no se financia, menos en estos tiempos y por eso duraremos lo que duremos con el esfuerzo de aquellos que no renuncian a decir que el único camino no es el que nos marcan. Esto algunos lo denuestan tildándolo de equidistancia. Puesno. De todos modos, a lo largo de la historia se han probado otros caminos, como el de tener toda la razón. Les recomendamos que consulten sus referencias históricas y verán que nunca dio buen resultado.
Esto lo decimos, pues en estos meses hemos logrado que se nos lea en diferentes zonas de Iberoamérica y en Marruecos. De ello nos sentimos muy orgullosos y satisfechos, pero les vamos a comentar una cosa cada vez que escribimos algo que de una manera u otra cuestiona, como esta editorial, el ejemplo que damos más allá de nuestra frontera nos da cierto rubor, nos gustaría ser ejemplo de lo positivo y no de aquellas prácticas que creemos son un mal ejemplo. Eso pasa en todos los sitios. Cierto. Eso no es consuelo y mal camino el que se indica a los más jóvenes. Hagamos uso del refranero castellano: “No hay mal que cien años dure«.
La reciente finalización de la vista para sentencia en el juicio contra el Fiscal General del Estado (FGE) marca, para la vida pública española, el cierre de un doloroso capítulo procesal, pero no el final del debate ni la sanación de las heridas institucionales. Este proceso, que ha expuesto las interioridades de la Justicia y, de nuevo, de la política al escrutinio más crudo, nos obliga a una reflexión profunda, pedagógica y, sobre todo, responsable sobre los cimientos de nuestra democracia. En LaDiscrepancia, sostenemos la necesidad ineludible de defender la institucionalidad por encima de la permanente refriega partidista, aun a costa de ejercer la crítica severa, que nunca es aceptada, a quienes han participado en que el estiercol salpique a instancias del Estado que garanticen la convivencia.
El Significado del Proceso Penal en la Democracia. El proceso penal, lejos de ser un mero mecanismo técnico de castigo, es la garantía fundamental de la ciudadanía en un Estado de Derecho. Es la herramienta por la cual el Estado ejerce su ius puniendi (derecho a castigar) de forma reglada, garantizando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Su existencia y pulcritud son el muro que nos separa de la arbitrariedad. Como señalaba el penalista alemán Claus Roxin, fallecido este año, el Derecho Procesal es el «mecanismo de garantía de la libertad«, pues la mejor ley penal carece de valor si su aplicación está viciada por el ruido.
En este contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE) se erige como una institución capital. Aunque jerárquicamente dependiente del Ejecutivo, su función constitucional es vital: promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. El principio de legalidad exige que su actuación sea objetiva e imparcial, un pilar que se tambalea cuando su máximo representante es sometido al banquillo, por el mero hecho de su cargo.
Desde la Sociología del Derecho podemos decir que el caso del FGE no es solo una cuestión de legalidad, sino de legitimidad. La repercusión en la ciudadanía es inmensa. Cuando el ciudadano observa cómo un alto cargo institucional es juzgado, y el proceso se ve envuelto en una batalla política y mediática sin cuartel, la consecuencia directa es una profunda crisis de confianza.
En un sistema social complejo, confiamos en las instituciones para organizar nuestra vida. Si esta confianza se quiebra, la ciudadanía percibe la Justicia y las Instituciones como arenas movedizas, como meras herramientas al servicio del poder de turno. Esto no solo desincentiva la participación cívica, sino que fomenta el cinismo y la sensación de que las reglas no aplican a todos por igual.
Uno de los mensajes más urgentes que debe dejar este episodio es el papel que deben jugar los partidos políticos. Las instituciones (la Fiscalía, el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado, la UCO) no son patrimonio de ningún gobierno ni de ninguna facción. Transcienden la coyuntura política y electoral de lo inmediato. Son las herramientas del Estado para perdurar.
El deber de los líderes políticos es salvaguardarlas. Sin embargo, en este proceso hemos visto cómo la ley, la Justicia y sus responsables han sido instrumentalizados y arrojados al centro de la refriega del relato ideológico. La defensa de la ley y las instituciones no puede ser una bandera que se alza solo cuando conviene a la causa propia. Debe ser una lealtad inquebrantable que garantice que, gane quien gane, el Estado funciona. Una sociedad justa se basa en «instituciones justas», no en la bondad ocasional o situacional de sus líderes.
El Daño Reputacional y la Intromisión Política
Es imperativo denunciar que varias instituciones han visto quebrada su reputación. La Fiscalía, como institución, ha sido el blanco principal de una campaña de desgaste que ha polarizado a la propia carrera. El Tribunal Supremo se ha visto expuesto a una presión mediática y política impropia de un sistema democrático maduro.
En este punto, es crucial criticar con la máxima dureza las actitudes y declaraciones irresponsables que han contribuido al deterioro institucional. Tanto el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiendo abiertamente la inocencia del FGE («más aún tras lo visto»), como la Presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, y sus colaboradores, que han hecho del caso una causa política, han fallado estrepitosamente a la neutralidad política exigible a sus cargos. Sus palabras, que pretenden influir en la opinión pública y, peor aún, en la propia Sala de lo Penal, son una peligrosa intromisión del poder ejecutivo en el judicial.
La Asociación de Fiscales ha sido contundente al lamentar que el Presidente del Gobierno «se haya inmiscuido en la función de juzgar» y que sus palabras «solo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales». Esta es una crítica que debe resonar en la Moncloa y en todos los despachos de poder o de oposición al mismo: las instituciones judiciales no son un campo de batalla ideológica, sino el santuario de la ley.
Una dimisión que hay que esperar. Si hay un elemento que encapsula la degradación ética que rodea este caso, es la actitud del Jefe de Gabinete de la presidenta de la CAM. La admisión o indicio de haber participado en la difusión de información —o la mera gestión de la confrontación política al nivel y tono que hemos presenciado—, es una mancha inaceptable para quien depende del erario público.
La función pública no es un puesto de mercenario político, sino un servicio a la comunidad que exige un estándar de ejemplaridad. Quien trabaja para el Estado y los ciudadanos debe ser el primer garante de la seriedad y el respeto institucional. El Jefe de Gabinete de la presidenta debería abandonar su puesto, antes de la sentencia. Su permanencia es un símbolo del desprecio a la moderación, la verdad institucional y la decencia que el cargo requiere. Es un ejemplo de cómo la estrategia política del «todo vale» devora la dignidad de la función pública, hipotecando la credibilidad de la propia Administración.
Con la vista para sentencia concluida, y analizando las piezas procesales, los informes de la UCO y la declaración de los testigos, la sensación predominante en el análisis jurídico es la falta de pruebas concluyentes que prueben la comisión de un delito por parte del FGE. Esto hace previsible un fallo de exculpación.
Sin embargo, si se produce la absolución, no será una victoria de nadie. Será, en el mejor de los casos, la confirmación de la presunción de inocencia, pero también el testimonio de un fracaso colectivo.
El daño ya está hecho. La honorabilidad del cargo ha quedado en entredicho, el tiempo y los recursos públicos invertidos han sido ingentes, y la imagen de las instituciones, seriamente comprometida.
Entendiendo la postura de defensa del FGE en el proceso, la alta dignidad del cargo que ostenta exige una responsabilidad superior. El Fiscal General debería haber dimitido de su cargo al ser formalmente acusado e investigado. No como una asunción de culpabilidad, sino como un acto de higiene democrática. De haber sido exculpado, habría podido ser repuesto en el puesto con la dignidad intacta y la institución preservada. Su permanencia, defendida por el Ejecutivo, ha contribuido a la fatal confusión entre el cargo y la persona.
El último y más importante damnificado es el ciudadano común. El ruido, la confusión, las versiones contradictorias y la polarización han impedido que el ciudadano pueda entender nada. La pregunta que queda flotando es: ¿Cómo se recupera la cordura?
La respuesta debe ser un llamamiento a la responsabilidad cívica y, sobre todo, a la ejemplaridad de los mayores frente a una juventud que está creciendo con unos cimientos éticos y políticos muy débiles para construir su futuro. Si los referentes ven cómo el poder y la ley son sinónimos de juego sucio e instrumentalización, ¿qué fe tendrán en el sistema?
Debemos exigir a nuestros representantes que pongan fin al «todo vale». El único camino es retomar el diálogo honesto, restaurar el respeto mutuo entre instituciones y devolver la dignidad a la función pública. El juicio ha terminado, pero el juicio de la historia y el de la ciudadanía acaba de empezar. Es hora de dejar el barro en la cuneta y empezar a reconstruir la confianza.
El futuro de la República cívica depende de ello.
