Por Alvaro Frutos Rosado
Hay momentos en que los juicios no se celebran solo en una sala, ni los acusados son únicamente unos concretos. Hay procesos que, entre togas, pruebas y códigos, están interrogando a una época y a una forma de entender todo lo que rodea a la “cosa juzgada”. Eso está ocurriendo en España tanto con el juicio de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional como con el primer juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo.
No son causas idénticas, ni mucho menos, pero juntas proyectan una misma sombra: la degeneración de los partidos, esto es, del pluralismo político, de la formación y manifestación de la voluntad popular, de la participación política y de la representación de la sociedad, cuando los vemos convertidos en centros de ocupación del poder, de protección de intereses particulares y, en definitiva, de reparto de gabelas y prebendas, como en un tiempo que parecía ya muy lejano.
La Constitución, esa norma que denostamos cuando no nos interesa y sobre la que pontificamos cuando sí, no habla en absoluto de maquinarias organizativas cerradas, a disposición de corifeos circunstanciales de los líderes, de obediencia debida y aplauso clamoroso a nomenclaturas nebulosas, sino de cauces de pluralismo; no de iglesias seculares, sino de instrumentos al servicio de la ciudadanía. Y esto no es interpretable ni opinable. Ese es el deber ser de los partidos. El ser real, que demasiadas veces ha sido otra cosa.
Todos los que han estudiado un poco el tema conocen a Robert Michels y su centenaria y célebre “ley de hierro de la oligarquía”: toda organización compleja tiende a ser controlada por minorías dirigentes y burocracias que persiguen perpetuarse. No es una maldición metafísica, pero sí una palmaria realidad que sigue teniendo enorme vigencia, manifestación de la capacidad de la condición humana para degenerarse.
Peter Mair (1) describió el vaciamiento de la democracia de partidos: formaciones cada vez más desconectadas de la sociedad, más encerradas en el Estado, más profesionales, más autorreferenciales, menos capaces de canalizar vida cívica real. Cuando eso ocurre, la política deja de ser mediación y pasa a ser recinto; deja de ser representación y pasa a ser gestión de clientelas, fidelidades y supervivencias. Los partidos no son ya lugares de participación, sino de mera pertenencia.
Por eso estos juicios van a importar más de lo que pensamos. No solo ventilan si hubo espionaje ilegal, comisiones, contrataciones arbitrarias o favores… Ventilan algo más corrosivo: si el partido utilizó resortes del Estado para defenderse a sí mismo; si confundió interés general con interés de facción; si trató lo público como prolongación de una causa particular. La utilización de medios del poder para interceptar pruebas comprometedoras.
El otro caso, el de Ábalos, viene a ser más de lo mismo: ha puesto el foco en una cultura política donde el acceso al ministerio, a la empresa pública o al contrato se convierte en una moneda de cercanía personal; por cierto, una cultura política que decía venir a regenerar.
La corrupción partidaria, no nos empeñemos, no es solo un problema penal. Es, antes que nada, un problema moral. La democracia liberal no se arruina únicamente cuando alguien roba; se arruina cuando se normaliza la idea de que el partido está antes que la institución, la fidelidad a los líderes antes que la verdad, la consigna antes que la conciencia.
La moral pública no consiste en una santidad imposible, no seamos ingenuos, sino en una disciplina de límites y cultura cívica: saber que el poder no te pertenece, que administras algo ajeno, que ocupas un cargo para servir, no para blindar tu futuro ni premiar a los tuyos. No se gobierna desde el “habrá para todos”; pensar eso ya incapacita. Cuando ese pudor desaparece, la corrupción económica es casi una consecuencia lógica de una corrupción anterior: la moral.
La de concebir la alternancia con el “ahora nos toca a nosotros”.
En ese punto, los partidos empiezan a parecerse demasiado a las familias mal entendidas. No a la familia como espacio de cuidado, sino como estructura cerrada de pertenencia, silencio y culpa. Es fácil la comparación con las familias de mafiosos. Se pertenece, pero mandan los que mandan. Se obedece, pero no se delibera. Se heredan códigos internos, agravios, rencores y supersticiones. La disidencia se vive como traición; la crítica, como deslealtad; la apostasía, como pecado.
El militante deja de ser un ciudadano activo y se transforma en un feligrés. No está allí para pensar con otros, sino para confirmar al grupo. Y esa deriva psicológica es demoledora: produce identidades blindadas, racionalizaciones infinitas y una indulgencia tribal según la cual los nuestros siempre cometen errores menores disculpables y los otros siempre encarnan el mal absoluto condenable. ¿Han oído esto recientemente?
Por eso las patologías de la militancia son tan importantes como los delitos de las élites. Un partido enferma no solo porque su cúpula sea corrupta, sino porque su base aprende a tolerar la corrupción si viene envuelta en una bandera moral superior. En la izquierda, eso suele adoptar la forma de un progresismo escenográfico: una política saturada de gestos, consignas, superioridad simbólica y exhibición ética, mientras la gestión real se burocratiza y las contradicciones materiales se pudren.
En la derecha, la patología suele adquirir una forma no muy distinta ni menos teatral. Escenifican una épica de salvación frente a un supuesto abismo bolivariano, como si la política española fuese una opereta tropical representada en versión castiza. Son dos formas del mismo mal: sustituir el análisis por dramaturgia ideológica.
Así, las derechas extremas y las no extremas, las izquierdas extremas y las no extremas, acaban compartiendo una tentación común: convertir la democracia en una representación moral de sí mismas. Ya no compiten por gobernar mejor, sino por ocupar en exclusiva el papel de la virtud pública y, como al final del día todo es plata, repartir los estipendios del poder.
Y cuando eso sucede, los partidos dejan de canalizar la opinión pública para empezar a fabricarla en laboratorios de marketing, indignación y fidelización afectiva.
Las nuevas tecnologías han agravado este proceso. La OCDE viene advirtiendo de que la desinformación, la manipulación y el deterioro de la integridad informativa amenazan las condiciones mismas del debate democrático. Las plataformas premian la simplificación, el agravio, la emoción instantánea y el liderazgo personalista. El partido ya no necesita formar cuadros ni cultivar cultura política: le basta con construir un ecosistema de adhesión digital alrededor de un rostro, una frase y un enemigo.
El resultado es el hiperliderazgo: organizaciones cada vez menos deliberativas, más verticales, más dependientes del magnetismo del jefe y de la amplificación algorítmica de su relato.
Ese hiperliderazgo es corrupción potencial incluso antes de que aparezca un solo euro desviado. Corrompe la organización porque reduce los contrapesos; corrompe al militante porque le enseña a aplaudir en vez de examinar; corrompe al gobernante porque le hace creer que ha recibido un mandato plebiscitario para colonizar la institución. Y cuando el líder cae, cae arrastrando al partido entero, porque nadie construyó una cultura interna capaz de sobrevivir a la obediencia.
No es casual que los organismos europeos insistan, una y otra vez, en la integridad, la transparencia y la separación de poderes. GRECO ha vuelto a pedir a España avances más sólidos en prevención de la corrupción e integridad pública, y la Comisión Europea sigue situando el marco anticorrupción, los controles institucionales y la calidad del Estado de derecho en el centro de su examen anual.
No se trata de manías tecnocráticas: sin reglas, sin vigilancia y sin instituciones menos colonizables, los partidos terminan invadiéndolo todo.
De ahí que la regeneración democrática no sea un adorno retórico ni un lema para congresos. Es una necesidad estructural. Regenerar significa abrir los partidos, limitar la concentración del poder interno, proteger la discrepancia, hacer auditables sus decisiones, reforzar los controles externos, profesionalizar de verdad la administración, blindar empresas públicas y organismos reguladores frente al botín partidista y devolver valor cívico a la militancia.
Significa recordar que un partido no es una familia, ni una iglesia, ni una agencia de colocación, ni una productora de relatos morales: es un instrumento constitucional. Y un instrumento vale por el uso que se haga de él.
Los partidos son imprescindibles para la democracia porque, sin ellos, el pluralismo se disuelve en personalismos, redes clientelares o populismos sin mediación. Pero también son peligrosos porque concentran incentivos formidables para la oligarquía, la opacidad y el sectarismo. Ese es su drama y su grandeza. No podemos prescindir de ellos, pero tampoco podemos abandonarlos a su inercia. Si funcionan como deben, organizan la libertad. Si funcionan como a menudo funcionan, la asfixian.
Lo que hoy se está juzgando es una vieja manera española de entender la política: como patrimonio de facción, como obediencia tribal, como teatro moral y como apropiación de lo público. Y de ese juicio, aunque no figure en ninguna sentencia, debería salir una conclusión severa: la democracia solo se salva cuando los partidos aceptan dejar de comportarse como dueños de la nación y vuelven a ser, modestamente, sus servidores.
Referencias
1. Mair, Peter (1997). Cambio del sistema de partidos: enfoques e interpretaciones. Oxford: Oxford University Press.
2. Consejo de Europa, GRECO, informe sobre los avances de España en la aplicación de recomendaciones anticorrupción.
