En la última expresión de su malestar por el aumento de la cuota de tomates marroquíes en el mercado español, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España (COAG) ha anunciado su intención de demandar a los importadores de estos tomates en el país vecino debido a lo que considera una “evasión fiscal” por parte de estos, tras superar el límite exento de aranceles establecido en el acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la Unión Europea, que es de unas 230,000 toneladas anuales desde 2019.
Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas en la COAG, declaró que la organización “tomará medidas legales contra los importadores de tomates marroquíes por fraude fiscal”, revelando que “los cálculos de la coordinadora muestran que las empresas que importan tomates marroquíes deberían haber pagado 71,1 millones de euros a España en los últimos cinco años, por el excedente que introdujeron en el mercado europeo, lo que equivale a 14 millones de euros anuales”.
Las palabras de Góngora, según lo indicado en el sitio web oficial de la coordinadora, se dieron durante una rueda de prensa en línea sobre las “consecuencias” del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos pesquero y agrícola, basándose en un análisis realizado por la misma organización profesional, que observó que “las importaciones de tomates marroquíes han superado considerablemente la cuota de 285,000 toneladas anuales de tomates exentos de impuestos, con un precio mínimo de 0,46 euros por kilogramo, tal como se estipula en dicho acuerdo”.
En su última acusación de la creciente cuota de tomates marroquíes en el mercado español, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España (COAG) ha señalado su intención de demandar a los importadores de estos tomates en el país vecino por lo que consideran “evasión fiscal”, tras superar el umbral exento de aranceles según el acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la Unión Europea, que establece un límite de aproximadamente 230,000 toneladas anuales desde 2019.
Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de la COAG, afirmó que “tomarán medidas legales contra los importadores de tomates marroquíes por fraude fiscal”, y explicó que “los cálculos de la coordinadora muestran que las empresas que importan tomates marroquíes deberían haber pagado 71,1 millones de euros a España en los últimos cinco años por el excedente introducido al mercado europeo, lo que equivale a 14 millones de euros anuales”.
En cuanto a la “acción prevista de la organización profesional mencionada”, Rashid Benali, presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural (COMADER), dijo que “están siguiendo de cerca las noticias sobre la decisión de los agricultores españoles de demandar a sus compatriotas importadores de tomates marroquíes por lo que consideran evasión fiscal, luego de superar el límite de cantidades de tomates importados exentos de aranceles”, destacando que “la confederación hasta ahora no ha recibido nada ni ningún documento oficial sobre la demanda prevista”.
Benali explicó en una declaración a Hespress que “la acción legal de la COAG contra los importadores de tomates marroquíes sería un precedente, ya que nunca antes esta organización había amenazado con algo semejante”, subrayando que “por lo tanto, la confederación aún no ha estimado el impacto de las demandas que la organización profesional española tiene intención de presentar”.
Sobre si “esta acción podría abrir el camino para el regreso de la hostilidad contra las exportaciones marroquíes de tomates, que incluso incluyó su destrucción el año pasado por parte de los agricultores españoles”, Benali explicó que “la demanda que presentó la confederación contra los destructores de tomates en marzo pasado sigue en curso y aún no se ha resuelto”, destacando que “si el enojo de esta demanda se convierte en una nueva ola de sabotaje contra las importaciones de tomates marroquíes, la confederación no dudará en presentar una nueva demanda contra los responsables”.
Con respecto a las posibles complicaciones por “imponer sanciones a los importadores españoles sobre el exceso de tomates marroquíes”, Benali afirmó que “los profesionales siempre están buscando nuevos mercados; actualmente, se está apuntando a los mercados de EE. UU., Brasil, Oriente Medio y el Golfo”, subrayando que “aún no existen mercados nuevos que puedan recibir todas las cantidades de tomates destinados a la exportación desde Marruecos; pero la búsqueda continúa, y siempre hay una apuesta por encontrar alternativas a los mercados europeos”.
Por su parte, Hussein Adradour, presidente de la Federación Interprofesional de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Marruecos, consideró que “la amenaza de demandar a los importadores españoles es el último de los conflictos en los que los agricultores del país vecino intentan presionar a su gobierno para obtener apoyo financiero”, añadiendo que “estos agricultores han estado tratando durante muchos años de utilizar la focalización de las importaciones marroquíes para obtener beneficios propios”.
Adradour, en declaraciones a Hespress, aseguró que “el paso que la COAG planea dar tiene un toque de politización habitual”, explicando que “siempre se han quejado de las exportaciones marroquíes de productos hortícolas, especialmente tomates, pero nunca lograron reducir su volumen o disminuir su atractivo para los importadores españoles”.
El presidente de la Federación Interprofesional de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Marruecos señaló que “el mercado español es muy grande y recibe grandes cantidades de tomates marroquíes, pero los exportadores no tienen miedo de perder su cuota de mercado, incluso si se toma la decisión de sancionar a los importadores, como espera la COAG”, y descartó que “el gobierno español se involucre en demandar a los implicados, dada la prosperidad de las relaciones entre Marruecos y su vecino norte”.
Adradour concluyó que “la única perjudicada si se demandan a los importadores será España misma; el exceso de tomates marroquíes podría encontrar mercados alternativos para su distribución”, subrayando que “el acuerdo de libre comercio está firmado entre Marruecos y la Unión Europea, no con España, lo que otorga al bloque europeo la última palabra en este asunto”.
